Según informó ANCINE, se publicó la Deliberación Nº 95, que establece limitaciones y criterios sobre la transferencia de derechos patrimoniales y de derechos de explotación comercial de obras audiovisuales producidas con recursos obtenidos a través de la renuncia fiscal por medio de los mecanismos de fomento instituidos por la Ley 8.685/1993, y por la Medida Provisoria Nº 2.228-1/2001, cuyo destino inicial eran los segmentos de mercado radiodifusión de sonidos e imágenes (TV Abierta) o de comunicación electrónica de masas por asignatura (TV Paga).

Según la Deliberación, la empresa productora proponente debe tener al menos un mínimo porcentaje correspondiente a la partición de sus derechos sobre la obra, independientemente del segmento de mercado y del territorio donde será explotado.

La nueva Deliberación establece también, entre otras cosas, que los derechos patrimoniales relativos a elementos derivados de la obra audiovisual, incluyendo marcas, personajes, guión y música, entre otros, y los ingresos resultantes de la explotación de comercial de los mismos, deber significar para la empresa productora proponente, como mínimo, un porcentaje correspondiente a la partición de derechos patrimoniales sobre la obra. La empresa productora proponente también tiene asegurado su derecho de decisión sobre la realización de nuevas temporadas de la obra seriada o una nueva producción de ésta.

Las emisoras o programadores también tienen el derecho de ejercer su derecho de primera opción y última negativa, mientras perdure el derecho contractual de explotación comercial y de comunicación pública.

Tanto la productora así como la emisora o programadora deberán enviar a ANCINE todo contrato que establezca la distribución de derechos patrimoniales, incluso los relativos a derechos sobre renta patrimonial y explotación comercial de cualquier obra audiovisual realizada con recursos provenientes del incentivo.