Cuando los mandatarios comienzan a temerles a los medios de comunicación y reaccionan contra ellos de manera dictatorial o con reglamentaciones que condicionan la libertad de prensa, sus gobernados comienzan a preocuparse o a sospechar de la aptitud de sus gobernantes. No es una conclusión científica; simplemente un patrón que ha llevado siempre a finales no deseados para esos líderes.

En Ecuador, Rafael Correa muestra que nada lo frenará en su intentona de sacar del aire al canal abierto Teleamazonas. La Supeintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) sancionó en diciembre a la estación con 3 días de suspensión de sus emisiones por haber emitido informaciones basadas en "supuestos y que podrían haber causado eventuales conmociones sociales". En cualquier sociedad normal, la falsa noticia, en caso de ser comprobada como tal, sería castigada por la propia ciudadanía quitandole credibilidad al medio responsable. En Ecuador, el Gobierno, vía reglamento hecho a medida, se toma esa atribución.

Como reacción a la sanción, Teleamazonas pidió un recurso de protección, argumentando que en el proceso administrativo se habían violado principios constitucionales, algo que le fue negado por un juzgado de Quito.

El canal apeló ante un juzgado provincial que la pasada semana aceptó la ponencia de la televisora y determinó que la sanción de la Supertel "vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva". Determinó también la violación de "la libertad de pensamiento, comunicación e información, no sólo del accionante (acusado) si no de toda la ciudadanía". Pues bien, la lectura presidencial del fallo ha sido descalificadora: Correa consideró el fallo judicial como otra muestra "del grado de descomposición" de la justicia ecuatoriana y del poder inmenso que su gobierno enfrenta.
El Presidente, coinciden los medios de prensa nacionales, adelantó que la Supertel apelará el fallo, a la vez que mostró su sorpresa por el hecho de que el fallo de la Corte provincial fue "exactamente contrario" al emitido por el primer tribunal.
De esta manera, según él, su proyecto político, la Revolución Ciudadana, "se está enfrentando con el poder más grande que ha tenido Ecuador y América latina: la prensa, quien de una y otra manera ha tratado de boicotear los cambios que se están dando", tal y como ha recogido la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Curiosa lectura, bastante parecida a la de sus pares latinoamericanos de Venezuela y Argentina. Para quienes coinciden en considerar una Bestia Negra a los medios que se le oponen, cualquier opositor es un enemigo. En este caso, la Justicia.